Editorial



GUIÑO ELECTORAL:


Si es cierto lo que cuenta el alcalde de Cuauhtémoc con licencia, Rafael Mendoza, respecto a cómo “cortaron cartucho” contra los policías municipales los agentes de la Policía Estatal que participaron en el operativo de la Secretaría de Movilidad (Semov ) contra las mototaxis, el edil tendría que presentar una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia en el Estado y ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

De acuerdo a la narración de Mendoza Godínez, la intervención del gobierno del estado resultó desproporcionada. Efectivamente, compete a la Semov realizar estos operativos pero la fuerza pública debería entrar en apoyo de esos inspectores sólo cuando se rompa el orden público.

¿Realmente la situación en Cuauhtémoc se tornó tan violenta como para que los elementos de la PEC sacaran su arma de cargo y “encañonaran” a los municipales, quienes pretendían rescuperar las motocicletas decomisadas?

Las mototaxistas y la autoridad municipal de Cuauhtémoc que autorizó su funcionamiento y, de hecho, promovió esta modalidad de transporte en otros municipios, reaccionaron ante el operativo de una Semov que nunca hizo esfuerzos serios por impedir la circulación de esos vehículos. A lo largo del sexenio se creó una situación de hecho: las mototaxis fueron toleradas.

El argumento de que la Ley de Movilidad no contempla, “como una opción para el traslado de personas”, a vehículos que “no cuentan con las medidas de seguridad necesarias para las personas usuarias” ni “con un respaldo legal que valide su servicio”, como se dijo en un boletín de prensa, es tan válido ahora como el primer día que empezaron a circular las trimotos adaptadas como transporte de pasajeros.

Que las secretarías de Movilidad y de Seguridad Pública decidieran actuar en contra de las mototaxis justamente ahora, tiene una motivación electoral. Se trata de un guiño del gobierno estatal a una de las clientelas políticas del PRI: los taxistas permisionados.

La Semov quiere hacerles creer a los taxis amarrillos que están siendo golpeados comercialmente por las mototaxis, cuando su verdadera competencia son los servicios de aplicación (app) que autorizó esta administración.

VIEJO CORPORATIVISMO:


El gremio del trasporte está coptado por las corporaciones del tricolor. Durante décadas, si no era mediante afiliación a la CTM, la CROM o la CNOP, los trabajadores del volante no podían acceder a una concesión. La nueva Ley de Movilidad modificó en la letra los criterios de asignación, pero en la práctica se mantuvieron los mecanismos corporativos. No se liberó el transporte ni siquiera cuando el uso de aplicaciones digitales volvieron obsoleto el esquema corporativo.

El operativo del miércoles 20 de enero de 2021 en Cuauhtémoc, comparte el mismo trasfondo político de la movilización de los taxis amarillos del lunes 18 en la capital del estado. Son episodios distintos de una misma trama.

La autoridad estatal que se escandaliza porque “Mendoza Godínez ordenó bloquear las salidas y encabezó la persecución de una de las grúas en la que trasladaban las mototaxis aseguradas, intentando en más de una ocasión cruzarse en el camino de las patrullas que ofrecían seguridad perimetral en el operativo, lo que pudo haber ocasionado un incidente vial” (como relata otro boletín de prensa), no se inmutó cuando los taxistas amarillos bloquearon uno de los accesos a la ciudad de Colima y la calzada Galván, causando molestias y daños a terceros.

El operativo fue un montaje del gobierno estatal para congraciarse con los taxistas, cuyos intereses dañó al promover la puesta en servicio de empresas como Chofer Pro. ¡Y las mototaxis son un distractor!

COMPETENCIA DESLEAL:


En el mercado del transporte de pasajeros, las motonetas atienden un nicho. Pero la verdadera competencia de los taxis amarillos son las aplicaciones. Así lo demuestran los enfrentamientos que se han dado en muchas ciudades del país (y del mundo) entre los taxistas convencionales y los usuarios de plataformas como Uber, Beat, Didi o Cabify.

En Colima, la empresa local que empezó a ofrecer esta modalidad está vinculada a actores políticos, entre ellos una diputada local y su familia, que aprovecharon el ejercicio público para convertirse en emprendedores.

Es a todas luces una competencia desleal. Desde la aprobación de la Ley de Movilidad, los empresarios locales en los servicios de aplicación han jugado con ventaja. La Semov retrasó dos años la autorización de las franquicias internacionales, para concederles un tiempo de gracia que les permitiera consolidar el negocio.

Las mototaxis no nacen de esa competencia desleal sino que son una respuesta a la demanda creciente de transporte barato en comunidades rurales y colonias de la periferia, no atendidas por el servicio regular.

La Ley de Movilidad dejó lagunas que hasta hoy el Congreso se niega a cubrir mediante un reglamento de operación o, bien, la prohibición absoluta. Ahora, por cuestiones políticas, activan un tema que nunca preocupó al gobierno de Ignacio Peralta, ni siquiera por la seguridad de los pasajeros.

PLAGA AMARILLA:

Los permisionarios de taxis y concesionarios de transporte de pasajeros son valiosos activos del PRI en su estrategia de movilización y propaganda. Eso explica por qué las fallas en dichos servicios son tolerados por la autoridad estatal. No hay operativos como el de Cuauhtémoc contra los amarillos, pese a que se siguen viendo unidades sucias y destartaladas o se reportan conductores groseros.

No obstante que los carros son ahora más eficientes en su consumo y que el precio del combustible es menor al de hace meses, las tarifas no necesariamente bajan y la Semov se muestra indolente frente a los abusos en el cobro. Por tiempo y recorrido, el taxi en Colima es uno de los servicios más caros del país.

MÓVIL POLÍTICO:

Las mototaxis han sido autorizadas por el ayuntamiento respectivo en nueve de los diez municipios del estado, pero curiosamente el operativo de Semov se centró en Cuauhtémoc y en Manzanillo.

En el puerto, la alcaldesa Griselda Martínez es objeto de persecución política constante por parte del aparato estatal. Y en el viejo San Gerónimo, para bien o para mal el asunto está claramente relacionado con la aspiración electoral de Rafael Mendoza.

El edil cuauhtemense solicitó licencia para postularse a la gubernatura como candidato independiente a la gubernatura. Y asegura haber reunido las 30 mil firmas que necesitaba para su registro en una intensa campaña de promoción que hizo por todo el estado, más como empresario de mototaxis que como alcalde de Cuauhtémoc.

Sin embargo, pesa sobre Rafael Mendoza una inhabilitación para ejercer cargos públicos en el estado. Tal fue la sanción que le impuso el Congreso local al munícipe de Cuauhtémoc en su primera administración, tras ser acusado de violar el principio de imparcialidad durante la eleción extraordinaria de gobernador de 2015. Mendoza, como se acreditó, sin separarse del cargo participó en un evento de campaña del candidato panista Jorge Luis Preciado.

El enfrentamiento entre el alcalde con licencia y la autoridad estatal se da, por cierto, luego que en los círculos políticos se hablara de una eventual candidatura por el Verde a diputado federal para Rafael Mendoza, ámbito a donde no lo alcanza su inhabilitación.

LOCHO E INSÚA:


El alcalde capitalino Lencio Morán y su regidor de oposición Héctor Insúa, quien perdió la reelección frente a su antiguo correligionario panista, unieron filas bajo la bandera de Movimiento Ciudadano.

Insúa se proyecta como candidato de MC a la diputación federal por el primer distrito, una posición que no podría obtener por el blanquiazul pues, si bien le corresponde al PAN en la alianza con el PRI y el PRD, en esta demarcación “toca mujer”.

Hace tiempo que se habla del fuerte vínculo personal de Insúa con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, líder regional de MC, cuya franquicia en Colima adquirió Morán Sánchez. A Locho y a Insúa, que protagonizaron una contienda descarnada por la presidencia municipal, los une también el rencor con la cúpula del PAN.

Insúa se suma a los fichajes de Locho, quien ya antes había reclutado al expresidente municipal de Colima, Federico Rangel Lozano, pero que no pudo mantener en su proyecto al tres veces edil de Villa de Álvarez, Felipe Cruz Calvario, que decidió sumarse al Verde de Virgilio Mendoza.

Pronto veremos si Locho e Insúa resultan tan rentables en MC como lo fueron en su momento para el PAN. Morán fue candidato a gobernador del blanquiazul en la elección extraordinaria de 2005 (jugó por MC otra vez en 2015) y, de haberse reelecto, Insúa podría haber sido el candidato de Acción Nacional a la gubernatura (siempre y cuando se lo hubiera permitido la paridad de género).

Ahora en MC, la apuesta de Insúa es audaz: robarse votos de los panistas inconformes con el desdibujamiento ideológico del partido de derecha, pero también de los priistas insatisfechos con la poca rentabilidad de la insólita alianza.

NEGOCIOS PROTEGIDOS:

Suena muy noble la intención de crear en el estado un organismo que regule las áreas naturales protegidas, como ya lo hay en el ámbito federal. Lástima que en todas las iniciativas del Ejecutivo local quede, siempre, la duda respecto a si no buscan los funcionarios del gobierno de Ignacio Peralta hacer un negocio privado transexenal.

Ese organismo, se infiere, empezaría por regular áreas protegidas como La Campana y la antigua Zona Militar, justamente dos superficies que despertaron la codicia de inversionistas vinculados a la administración estatal, aunque se hayan visto obligados por la presión social a congelar los proyectos inmobiliarios.

Por lo demás, sorprende que el Gobierno del Estado pretenda establecer un nuevo organismo público, es decir, contratar más burocracia, cuando reiteradamente se queja de no tener dinero para pagar la nómina.

PROCESO SIN INTERÉS:

Resuelta la elección de Indira Vizcaíno como precandidata a la gubernatura, es evidente que fue el proceso interno de Morena el que atrajo la atención pública. No parecen interesar a nadie las contiendas al interior de las otras coaliciones.

Ni siquiera los medios oficialistas le dan mayor seguimiento a la competencia entre Mely Romero (PRI) y Martha Sosa (PAN) por la candidatura al gobierno estatal de la coalición Sí por Colima, que tampoco está teniendo la sinergia que se esperaba. Y ya no se diga el poco entusiasmo que despierta la carrera entre Joel Padilla y Virgilio Mendoza, por la nominación a gobernador de la alianza PVEM-PT.

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