Editorial



...POR SU BOCA MUERE:


Como otros gobernadores aliancistas que desistieron en su pretensión de comprar la vacuna para el covid con recursos propios, Ignacio Peralta no dudó en sacar provecho personal a las primeras dosis que llegaron al estado para ser aplicadas al personal de salud que atiende a los enfermos.


Desde el aeropuerto hasta el hospital regional, el gobierno estatal montó todo un operativo al que sólo los fotógrafos de Nacho tuvieron acceso. Y en la difusión del arranque de la vacunación, la oficina de comunicación del mandatario local ignoró lo que ocurrió en el IMSS y el ISSSTE.


Hubo todo un esfuerzo para hacer ver la vacunación como un programa local y no como lo que es, una estrategia federal. Las críticas que le hacen sus detractores al presidente López Obrador por usar, supuestamente, la inmunización con fines electorales, deberían hacérselas entonces a gobernadores como el de Colima.


Como sus homólogos de la Alianza Federalista, tras entender que el gobierno de la república no los iba a dejar utilizar el tema de salud para hacer negocios particulares, JIPS pretende ahora apropiarse del beneficio político de la vacunación.


Luego que el presidente López Obrador prohibiera –seguramente por la presión de gestores, intermediarios y distribuidores– la entrada de pruebas rápidas ‘patito’, los gobernadores aliancistas recorrieron todos los artículos de la proveeduría sanitaria buscando ganar dinero con la comisión y el sobreprecio: guantes, mascarillas, termómetros, batas y delantales, gafas de protección, etcétera.


Hace meses, cuando el canciller Marcelo Ebrard anunció que estaban en negociaciones para adquirir la vacuna rusa, los gobernadores empezaron a decir que ellos iban a comprar cualquier otra de las que estaban por salir al mercado.


Finalmente, la primera compra se hizo a Pfizer, aunque el gobierno federal espera recibir también dosis del biológico producido en China y, eventualmente, del fabricado en Rusia.

Ante un esquema de compras centralizada, diseñada para evitar la corrupción y la especulación con las vacunas, los estados buscan capitalizar políticamente la campaña de inmunización. Aunque los gobernadores tuvieran el dinero para adquirir sus propias dosis (Ignacio Peralta obviamente no lo tiene), éstas no estarán disponibles en el mercado comercial probablemente hasta que se haya completado la estrategia de salud pública en aquellos países que, como México, firmaron los convenios internacionales.

TODO EN FAMILIA:


Por muy cuestionable que haya sido el manejo de la comunicación, difícilmente el Instituto Electoral del Estado (IEE) cuestionará a Nacho Peralta por usar la vacuna como propaganda electoral, como sí han hecho algunos consejeros del INE con López Obrador. Por lo pronto, en las fotografías del evento sólo vimos al gobernador Peralta y a su secretaria de Salud, Leticia Delgada, hermana por cierto del presidente nacional de Morena, Mario Delgado, quien también metió a otro de sus hermanos en la dinámica de promoción política.


Por parte de la familia gobernante, no sería extraño que el lugar protagónico en la vacunación esté reservado a Margarita Moreno, como parte de la campaña para posicionar políticamente la imagen de la presidente del voluntariado del DIF Estatal, cuñada de Ignacio Peralta y esposa de su secretario de Finanzas, Carlos Noriega.

REPUNTE EN LAS ENCUESTAS:


Según encuestas que la misma administración estatal difunde, el gobernador Ignacio Peralta lleva 10 meses ascendiendo en popularidad. De acuerdo a la narrativa oficial, esa reversión en el deterioro de la imagen del mandatario coincide con el arranque de la pandemia.

La aseveración es inverosímil porque si la gestión de JIPS no ha tenido ningún logró reconocible en los últimos 10 meses, ¿por qué tendría que haber cambiado una tendencia a la baja?


De hecho, resulta todavía menos creíble este repunte en la aceptación del gobernador cuando, los que se han dado en los últimos meses, son enormes desencuentros entre el gobierno estatal y sectores muy identificables de la sociedad, aliados naturales del régimen como son:

-Los maestros de la Sección 39 del SNTE, a quienes su patrón el Gobierno del Estado conculcó en la práctica conquistas sindicales como el servicio médico particular y la farmacia;

-Los trabajadores de confianza de la administración estatal, a quienes este gobierno cambió de modalidad en el Seguro Social, de una con ciertas prestaciones a otra que les brinda menor protección;

-El personal del Poder Judicial que no pudo cobrar a tiempo una quincena, la prima vacacional y el aguinaldo, porque el presidente del Supremo Tribunal de Justicia manejó el presupuesto a discreción, confiado en que el Ejecutivo rescataría las finanzas de la judicatura;

-Los trabajadores de la Universidad de Colima que, por las retenciones del dinero federal que hace el gobierno del estado, han venido cobrando con retraso sus quincenas, bonos y las dos partes del aguinaldo, al grado que todavía les deben los días económicos del año 2020;

-Y la burocracia sindicalizada que sigue sin contar con créditos ni certeza respecto al fondo de pensiones que maneja el Ipecol, descapitalizado porque el Gobierno del Estado y otros de los entes que lo conforman, no han enterado las cuotas que ya les descontaron a sus trabajadores.

Podemos adivinar la respuesta que dieron a los encuestadores cualquiera de los colimenses que pertenecen a estos colectivos, y no debe ser precisamente favorable a Peralta.

GOBERNADOR REPROBADO:

Todos estos malos manejos financieros que caracterizan al gobierno de Ignacio Peralta son productos de la mala administración o, para decirlo en las palabras del presidente López Obrador, de la corrupción. Los escándalos son el otro factor que mina la popularidad del mandatario estatal. Operaciones inmobiliarias dudosas, proyectos de infraestructura inconclusos y presupuestos inflados, es la huella que deja su sexenio.


Por no hablar de asuntos tan turbios como la muerte de un menor de edad ocurrida en la casa del entonces secretario de Turismo, o el atentado a la alcaldesa de Manzanillo, casos a cargo de la Fiscalía General del Estado que permanecen impunes.


El gobierno de Nacho Peralta ha llegado técnicamente a niveles de ingobernabilidad, pues no se puede hablar de gobierno cuando la autoridad local es incapaz de garantizar a los ciudadanos condiciones escenciales de vida, como la seguridad y la salud.


En el aspecto político, el gobierno de Nacho resulta también fallido en muchos aspectos. No en balde, en todas las encuestas de percepción ciudadana JIPS aparece en los últimos lugares del ranking de gobernadores. Más de una vez, ha obtenido el dudoso honor de ser el peor de los gobernadores del país.


Es el colmo que mandatarios que no pueden presumir como él estudios en el extranjero, como el gobernante de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, estén calificados por encima del colimense.

MENSAJE DIRIGIDO A...


Falsificar una popularidad inverosímil en el último año de gobierno, suena a táctica electoral. Sin embargo, no es una campaña para reposicionar al PRI (el desgaste de la marca es algo algo ya irreversible) sino para salvar a Ignacio Peralta de las inevitables acusaciones que recibirá por parte de los propios priistas: la de ser el causante de la derrota del tricolor en la sucesión gubernamental de 2021.


Hay grupos en el Revolucionario Institucional que le reprochan desde ahora a JIPS ser el gobernador que, por fin, después de una larga agonía electoral que comenzó en 1997, va a entregar el poder ejecutivo. Y no por un pacto democrático (como el que en 2000 llevó a Ernesto Zedillo a reconocer el triunfo del panista Vicente Fox, antes que se revelaran las bases priistas) sino por su negligencia como gobernante.


En el exceso, la propaganda oficial asegura que en Colima, mientras la popularidad de Nacho Peralta sube, la de AMLO baja. La afirmación, además de absurda, es contradictoria con la estrategia de gatopardismo oficial. Si la aceptación del presidente es tan baja en Colima, ¿por qué los candidatos oficialistas, camuflados en cualquiera de los partidos que se dicen aliados de la 4T (Virgilio Mendoza, Joel Padilla o Claudia Yáñez), se disputan el derecho a ser llamados los verdaderos representantes de la Cuarta Transformación en Colima?


Por el contrario, no se ve a ningún precandidato, ni siquiera a los aspirantes a las regidurías presumir su cercanía con el mandatario. Anteriormente, en el proceso interno del PRI, la manera de alinear a las bases era haciéndoles ver que el principal activo de un candidato era ser ‘el delfín’. Ahora, ninguno se ufana de eso porque no les conviene.


De aquí a la elección de junio, no van a faltar expresiones cada vez más duras contra la gestión de Nacho Peralta. Eso, además de negar la continuidad del presente régimen, es una forma sencilla de establecer empatía con los ciudadanos colimenses.

NADIE ME QUIERE...


En resumen, la campaña para pasar como un gobernador popular no va dirigida a la ciudadanía sino a sus correligionarios. Por eso debería incluir la frase obligatoria en toda publicidad de precampaña: “Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del PRI”.

Nacho no quiere ser el único responsable de la debacle priista. Y en los meses siguientes veremos quizá insistir en que la inevitable derrota del PRI se debe a la acumulación de negativos por parte de la marca partidista. Y no por su desastrosa gestión.


Ya sólo falta que los candidatos que el PAN le deje al PRI en esta insólita alianza para tratar de frenar el arribo de la 4T a Colima, se deslinden de su jefe nato. Ya hay, de hecho, algunos tratando de endosarle a Indira Vizcaíno el mote de la candidata de la continuidad priista.

En ese tenor, en marzo podríamos oir de boca de Mely Romero un discurso como el de Luis Donaldo Colosio en el Monumento a la Revolución: “Veo un [Colima] con hambre y sed de justicia...”




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