Impone Congreso sanción a Mario Anguiano


Por mayoría, el Congreso local aprobó sancionar económicamente con 515 millones 174 mil 928 pesos al ex gobernador Mario Anguiano Moreno, además de inhabilitarlo para ocupar cargos públicos en el Estado y los municipios por 14 años. Las sanciones aprobadas fueron propuestas por la Comisión de Responsabilidades y forman parte del procedimiento de responsabilidad administrativa instaurado tras el proceso de revisión excepcional al Poder Ejecutivo, relacionado con empréstitos autorizados en el Decreto 565 del 21 de septiembre de 2015. Además de las sanciones a Anguiano Moreno, el Congreso sancionó a Rafael Gutiérrez Villalobos, ex secretario General de Gobierno, y a Blanca Isabel Ávalos Fernández, ex secretaria de Finanzas, a quienes inhabilitó por cinco y cuatro años, respectivamente, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público municipal y estatal. Las sanciones a Mario Anguiano son por haber presentado información falsa al Congreso del Estado en su iniciativa del diez de septiembre de 2015, en la que solicitó reconocimiento de deuda, por haber adquirido deuda pública para sufragar necesidades temporales del gasto corriente. El dictamen a favor de las sanciones para los ex servidores públicos señala que el Decreto 565 del 20 de septiembre de 2015, en su artículo primero autorizó al Poder Ejecutivo refinanciar pasivos de corto plazo, destinados a inversión pública productiva, hasta por un monto de 638 millones de pesos. Riult Rivera Gutiérrez, presidente de la Comisión de Responsabilidades, resaltó que los artículos 134 y 117 de la Constitución Mexicana establecen que los estados y municipios podrán contraer empréstitos sólo si se destinan a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura y en ningún caso podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente. Citó también el artículo 7 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima, la cual señala que los recursos obtenidos mediante obligaciones de deuda pública se destinarán a inversión pública productiva y a la reestructura y refinanciamiento de deuda pública que se hubiera adquirido para aplicarse a inversión pública. La sanción económica por 515 millones 174 mil 928 pesos a Mario Anguiano se desprende de un traspaso a Banorte por 125 millones 174 mil 928 pesos, del que no se acreditaron pagos por concepto de infraestructura pública productiva, como se había precisado en el Decreto 565. Otro concepto de pago fue a cubrir el saldo de un crédito de HSBC por 190 millones de pesos, cuya cantidad fue destinada para cubrir diferentes conceptos, de los que ninguno corresponde a infraestructura pública productiva. También se cubrió el saldo de un crédito de BBVA Bancomer por 200 millones de pesos, destinados para cubrir el reembolso de fondos federales, pago de capital de préstamos, pago de intereses, préstamos a municipios, gasto a cuenta corriente, compra de bienes muebles, participación a municipios y organismos de gobierno. El dictamen de la Comisión de Responsabilidades aclara que los recursos no fueron sustraídos ni se causó un menoscabo a los caudales públicos, pues aunque se utilizaron para la operatividad del Gobierno del Estado, hubo aplicaciones para fines distintos a los autorizados. Ante ello, la Comisión de Responsabilidades propuso imponer la sanción resarcitoria para Anguiano Moreno, al haberse demostrado la distracción de recursos públicos de los fines a que estaban destinados. “No podemos pasar por alto que la responsabilidad del control, vigilancia y manejo de los recursos públicos estatales, recae directamente en el representante Constitucional del Estado, como máxima autoridad ejecutiva estatal”, señaló Riult Rivera.

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