Impone Congreso sanción a Mario Anguiano

September 28, 2018

 

Por mayoría, el Congreso local aprobó sancionar económicamente con 515
millones 174 mil 928 pesos al ex gobernador Mario Anguiano Moreno, además
de inhabilitarlo para ocupar cargos públicos en el Estado y los
municipios por 14 años.

Las sanciones aprobadas fueron propuestas por la Comisión de
Responsabilidades y forman parte del procedimiento de responsabilidad
administrativa instaurado tras el proceso de revisión excepcional al
Poder Ejecutivo, relacionado con empréstitos autorizados en el Decreto
565 del 21 de septiembre de 2015.

Además de las sanciones a Anguiano Moreno, el Congreso sancionó a Rafael
Gutiérrez Villalobos, ex secretario General de Gobierno, y a Blanca
Isabel Ávalos Fernández, ex secretaria de Finanzas, a quienes inhabilitó
por cinco y cuatro años, respectivamente, para desempeñar empleos,
cargos o comisiones en el servicio público municipal y estatal.

Las sanciones a Mario Anguiano son por haber presentado información
falsa al Congreso del Estado en su iniciativa del diez de septiembre de
2015, en la que solicitó reconocimiento de deuda, por haber adquirido
deuda pública para sufragar necesidades temporales del gasto corriente.

El dictamen a favor de las sanciones para los ex servidores públicos
señala que el Decreto 565 del 20 de septiembre de 2015, en su artículo
primero autorizó al Poder Ejecutivo refinanciar pasivos de corto plazo,
destinados a inversión pública productiva, hasta por un monto de 638
millones de pesos.

Riult Rivera Gutiérrez, presidente de la Comisión de Responsabilidades,
resaltó que los artículos 134 y 117 de la Constitución Mexicana
establecen que los estados y municipios podrán contraer empréstitos sólo
si se destinan a inversiones públicas productivas y a su
refinanciamiento o reestructura y en ningún caso podrán destinar
empréstitos para cubrir gasto corriente.

Citó también el artículo 7 de la Ley de Deuda Pública del Estado de
Colima, la cual señala que los recursos obtenidos mediante obligaciones
de deuda pública se destinarán a inversión pública productiva y a la
reestructura y refinanciamiento de deuda pública que se hubiera
adquirido para aplicarse a inversión pública.

La sanción económica por 515 millones 174 mil 928 pesos a Mario Anguiano
se desprende de un traspaso a Banorte por 125 millones 174 mil 928
pesos, del que no se acreditaron pagos por concepto de infraestructura
pública productiva, como se había precisado en el Decreto 565.

Otro concepto de pago fue a cubrir el saldo de un crédito de HSBC por
190 millones de pesos, cuya cantidad fue destinada para cubrir
diferentes conceptos, de los que ninguno corresponde a infraestructura
pública productiva.

También se cubrió el saldo de un crédito de BBVA Bancomer por 200
millones de pesos, destinados para cubrir el reembolso de fondos
federales, pago de capital de préstamos, pago de intereses, préstamos a
municipios, gasto a cuenta corriente, compra de bienes muebles,
participación a municipios y organismos de gobierno.

El dictamen de la Comisión de Responsabilidades aclara que los recursos
no fueron sustraídos ni se causó un menoscabo a los caudales públicos,
pues aunque se utilizaron para la operatividad del Gobierno del Estado,
hubo aplicaciones para fines distintos a los autorizados.

Ante ello, la Comisión de Responsabilidades propuso imponer la sanción
resarcitoria para Anguiano Moreno, al haberse demostrado la distracción
de recursos públicos de los fines a que estaban destinados.

“No podemos pasar por alto que la responsabilidad del control,
vigilancia y manejo de los recursos públicos estatales, recae
directamente en el representante Constitucional del Estado, como máxima
autoridad ejecutiva estatal”, señaló Riult Rivera.
 

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